2 de abril de 2024.-La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, ha declarado enfáticamente que los asesinatos de la candidata a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán, y del candidato a regidor, Adrián Guerrero Caracheo, no quedarán impunes.
Ambos candidatos fueron víctimas de la violencia política que ha asolado algunas regiones de México, donde las elecciones se ven ensombrecidas por la violencia armada y la intimidación. Gisela Gaytán fue asesinada en un ataque armado mientras realizaba actividades de campaña en Celaya, Guanajuato, el pasado martes. Por otro lado, Adrián Guerrero Caracheo fue brutalmente asesinado en circunstancias similares, lo que ha desencadenado una ola de indignación y preocupación en la comunidad política y la sociedad en general.
La secretaria Rosa Icela Rodríguez ha reafirmado el compromiso del gobierno mexicano para esclarecer estos crímenes y llevar a los responsables ante la justicia. En un comunicado oficial, Rodríguez aseguró que se están desplegando todos los recursos necesarios para investigar a fondo estos actos violentos y llevar a los culpables ante la justicia.
«Estos actos atroces no solo representan una afrenta a la democracia y al Estado de derecho, sino que también constituyen un ataque directo a la libertad de expresión y participación política de los ciudadanos», declaró la secretaria de Seguridad. «El gobierno mexicano está comprometido a garantizar un proceso electoral seguro y pacífico, donde los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin temor a represalias o violencia».
Las autoridades locales y federales han intensificado los esfuerzos de seguridad en la región de Celaya y en todo el país para prevenir futuros actos de violencia política y garantizar la seguridad de los candidatos y los ciudadanos durante el proceso electoral en curso.
La sociedad mexicana, mientras tanto, continúa exigiendo justicia para Gisela Gaytán, Adrián Guerrero Caracheo y todas las víctimas de la violencia política en el país. La impunidad no puede ser tolerada, y es responsabilidad del Estado mexicano garantizar que aquellos que perpetran actos criminales sean llevados ante la justicia y enfrenten las consecuencias de sus acciones.